Tras casi 50 días desde que salió a la luz el caso Cerdán, el Ejecutivo ha iniciado el primer paso dentro de la estrategia que Pedro Sánchez anunció para combatir la corrupción. El presidente ha asignado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la coordinación de una comisión interministerial integrada por cinco ministros y el jefe de Gabinete de la Moncloa.
Este órgano, establecido mediante decreto, podrá establecer grupos de trabajo específicos con el fin de elaborar un plan integral de regeneración. No obstante, el decreto mantiene un enfoque claramente voluntarista y no detalla medidas concretas ni plazos de implementación.
Con esta acción, el Gobierno pretende demostrar su compromiso político después de semanas con presión mediática y oposición a raíz del caso Cerdán. Sin embargo, la ausencia de contenido normativo en el decreto ha generado incertidumbre sobre la verdadera eficacia de esta comisión en la lucha contra la corrupción.
