El Ejecutivo continúa con su oferta de un aumento salarial acumulado del 11% para los empleados públicos en el período 2025-2028, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas del sector público. Aunque las negociaciones con los sindicatos están en curso, la propuesta permanece vigente a la espera de una decisión definitiva.
El Ministerio de Función Pública ha ratificado que su planteamiento de aumento salarial para los funcionarios sigue activo, contemplando un alza total del 11% entre 2025 y 2028. Esta propuesta forma parte de un acuerdo destinado a mitigar la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido cerca de 3,5 millones de empleados públicos debido a la inflación.
Si bien la oferta es el núcleo de la discusión entre Gobierno y sindicatos, se ha alcanzado cierto consenso parcial en torno a varios términos del convenio, aunque quedan temas pendientes. Los sindicatos reclaman que, aunque la subida representa una mejora, no compensa completamente la disminución acumulada del poder de compra ni el incremento continuo del costo de vida.
El incremento se distribuye en dos fases: un primer tramo del 4% en 2025 y 2026, y el porcentaje restante durante el bienio 2027-2028. La negociación abarca también otros puntos, como la promoción interna, la movilidad laboral y el fortalecimiento de las pensiones de destino; sin embargo, los sindicatos solicitan mayor claridad en los mecanismos de actualización salarial vinculados al IPC.
El Gobierno resalta que la propuesta busca equilibrar el incremento salarial con las limitaciones del techo de gasto y las condiciones fiscales del país, afectadas por la inflación y otros factores económicos. Aun así, los representantes sindicales consideran necesario mejorar aún más la oferta para evitar que el sector público pierda competitividad frente al privado.
En las próximas semanas, ambas partes continuarán las negociaciones para definir los detalles de un acuerdo que garantice la estabilidad del sector público y preserve los derechos laborales de los funcionarios.
