El Ejecutivo ha otorgado un plazo de tres meses a las comunidades de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que implementen un Registro de Personas Objetoras, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Esta iniciativa pretende garantizar que la objeción de conciencia manifestada por los profesionales sanitarios no impida el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.
En una comunicación dirigida a los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca la necesidad de facilitar el acceso a este derecho y señala que “la ausencia de un registro limita de facto el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la ley”. Asimismo, la carta recuerda que la creación de dicho registro es obligatoria según el artículo 19 de la normativa y advierte que su incumplimiento podría activar procedimientos legales para su exigencia.
El Registro de Objetores debe estar presente tanto en cada comunidad autónoma como en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Esta figura fue incorporada a la legislación en marzo de 2023 y aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024. Su finalidad es gestionar y organizar la prestación sanitaria, de forma que se respete la objeción de conciencia sin que ello afecte el acceso al aborto.
Además, Sánchez recuerda que este derecho cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional y subraya que la autonomía de las mujeres debe prevalecer sobre cualquier obstáculo administrativo: “El respeto a la objeción de conciencia nunca debe convertirse en un impedimento para la atención sanitaria de las mujeres en todo el territorio nacional”.