La administración de Extremadura, bajo el liderazgo de María Guardiola (PP), ha revocado la prohibición que impedía a los jefes de servicio de la sanidad pública desempeñar simultáneamente labores en el ámbito privado. Esta decisión, aprobada en el periodo previo a las elecciones, coincide con un aumento significativo del 59% en la derivación de pruebas diagnósticas a centros sanitarios privados.
Documentos consultados por EL PAÍS revelan que el gasto asociado a la externalización sanitaria durante el primer año completo del Ejecutivo popular ha superado los niveles históricos registrados en los últimos años del Gobierno anterior del PSOE. Este incremento ha generado un renovado debate político acerca del modelo sanitario y el papel de la sanidad privada dentro del sistema público de Extremadura.
Desde la oposición, Unidas por Extremadura ha expresado un marcado rechazo. El diputado José Antonio González describió la situación como “una combinación problemática”, señalando que la eliminación de incompatibilidades para altos cargos sanitarios junto con el aumento en las derivaciones a clínicas privadas podría provocar conflictos de intereses y afectar negativamente a la sanidad pública.
Por su parte, el Ejecutivo regional argumenta que flexibilizar las incompatibilidades tiene como objetivo atraer y retener talento médico, además de optimizar la eficiencia del sistema. Asimismo, justifican las derivaciones como un mecanismo para disminuir las listas de espera y mejorar la rapidez en la atención a los pacientes.
La autorización para que los cargos de la sanidad pública puedan compatibilizar su trabajo con el sector privado, junto con el incremento del gasto en externalizaciones, se ha convertido en uno de los principales temas de disputa política en Extremadura, especialmente en un contexto cercano a la cita electoral y al debate sobre la viabilidad y equidad del sistema sanitario.