El Ejecutivo ha mostrado una combinación de ironía y duda frente a las razones legales por las que el Tribunal Supremo condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Si bien el Gobierno afirma respetar la resolución —reflejado en el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general— varios miembros del gabinete han cuestionado el argumento principal del fallo, que señala a García Ortiz o su entorno como responsables de filtrar un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pese a la ausencia de pruebas concluyentes durante el juicio.
Desde el Gobierno expresan confianza en que el Tribunal Constitucional avale la postura de García Ortiz cuando se presente el recurso de amparo.
Ironía desde el Ejecutivo
Óscar López, ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, fue crítico en una entrevista en TVE, señalando el poco sustento jurídico de la sentencia:
«He visto muchos guiones de Hollywood con menos ingenio que esta sentencia. Básicamente se dice que no hay pruebas de que fuera el fiscal, pero tampoco pudo ser otro», expresó.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también abogado, mostró un tono sarcástico en la red social X:
«Como con Jack el Destripador: fue él o alguien cercano. Siempre se pensó así», escribió junto a un vídeo con fines humorísticos.
López añadió que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, debería asumir responsabilidades:
«El que tendría que dimitir es Miguel Ángel Rodríguez. Fue un bulo generado por la Comunidad de Madrid, pero parece que eso no importa», criticó.
Robles muestra respeto al Supremo
En contraste, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó el enfrentamiento con el poder judicial y manifestó su confianza en la institución:
«Confío plena y completamente en el Tribunal Supremo. Si no confiamos en las instituciones, la democracia falla», afirmó.
Respuestas en la izquierda: de la ironía a la crítica
Montse Mínguez, portavoz del PSOE, usó la ironía para poner en cuestión la sentencia, refiriéndose a un concepto legal novedoso:
«La filtración sin que realmente haya filtración».
El partido emitió un comunicado apoyando el voto particular de las dos juezas que consideran que el fallo no detalla ni el modo ni el lugar de la supuesta participación de García Ortiz.
Por su parte, Sumar adoptó una postura más seria al llamar a «proteger la democracia», afirmando que la decisión judicial responde a intereses de los “poderes políticos y económicos dominantes”:
«Se ha producido una sentencia hecha a medida para condenar a un hombre justo», señaló la coalición.
Podemos elevó el discurso, con la eurodiputada Irene Montero calificando la resolución como «golpista» y solicitando una reacción política:
«No es tiempo de indignación, sino de responder políticamente a la derecha golpista», sostuvo.
