El Ejecutivo proyecta sustituir próximamente a García Ortiz al frente de la Fiscalía, apostando por un candidato con un perfil claramente progresista. Según declaraciones de fuentes gubernamentales, esta medida busca consolidar su posición política ante lo que consideran una pérdida de credibilidad de determinados magistrados, además de promover la unidad dentro del ámbito progresista.
Desde el Partido Popular, esta decisión se interpreta como una señal de vulnerabilidad del presidente Sánchez, a quien ven «acorralado y en una situación límite» en su estrategia política.
El nombramiento, que se espera anunciar en las próximas semanas, será seguido de cerca tanto por el sector judicial como por las fuerzas de oposición debido a su posible influencia en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
