El Ejecutivo ha informado que está evaluando adoptar medidas sancionadoras contra quienes participaron en la manifestación organizada por Falange, durante la cual se pronunciaron declaraciones de contenido racista y se solicitó «un tiro en la nuca» para el presidente Pedro Sánchez. Estas manifestaciones, que fueron captadas en vídeo y difundidas a través de redes sociales, han suscitado un rechazo amplio tanto político como social.
El ministro de la Presidencia, Óscar López, hizo un llamado este lunes a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, para que condene explícitamente lo ocurrido. Además, López instó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que otorgó la autorización para la marcha, a evaluar los hechos y, si procede, a emitir una condena pública.
Desde el Gobierno se sostiene que estos mensajes podrían infringir tanto la legislación sobre delitos de odio como la normativa que regula el derecho de reunión. Por ello, se está analizando la posible existencia de responsabilidades administrativas o penales. Voceros del Ejecutivo enfatizan que «la libertad de expresión no ampara la incitación a la violencia» y que las instituciones deben actuar «con determinación» ante discursos que atenten contra la convivencia democrática.
La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se definan los procedimientos a seguir.
