Este jueves, el Congreso de los Diputados celebra su último Pleno de 2025, en el que aprobará la Ley de Atención a la Clientela. La sesión concluirá con dos resoluciones controvertidas: el Gobierno impedirá la aprobación de la enmienda del Senado que proponía bajar el IVA a carnes y pescados, alegando un impacto de 3.780 millones de euros, mientras que la mayoría de investidura rechazará la limitación del uso del catalán en la atención al cliente de grandes compañías.
A pesar de la amenaza de bloqueo por parte de Junts a las propuestas del Ejecutivo, el texto sobre la atención a la clientela continuará adelante. No obstante, el proyecto regresa desde el Senado con dos modificaciones relevantes impulsadas por el PP que serán tratadas de manera diferente.
Rechazo a la reducción del IVA en alimentos
En el Senado, el Partido Popular, con mayoría absoluta, introdujo una reducción del IVA al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminó el impuesto totalmente en productos básicos como leche, queso, huevos, frutas y verduras. Esta medida, defendida por Feijóo para luchar contra el aumento del costo de la cesta de la compra, estaba prevista para aplicarse de enero a junio de 2026.
En el Congreso, el Gobierno ejerció su derecho de veto argumentando que la propuesta supondría una pérdida de ingresos de 3.780 millones de euros. La Mesa del Congreso, conformada principalmente por miembros del PSOE y Sumar, validó el veto, lo que provocó el rechazo de la enmienda.
Esta decisión ha generado un choque institucional, ya que es la cuarta ocasión durante esta legislatura en que el Ejecutivo bloquea enmiendas aprobadas en el Senado. El PP sostiene que el veto corresponde aplicarlo en la Cámara Alta. De hecho, existe debate jurídico al respecto: en marzo, el letrado mayor del Congreso consideró que esta práctica contradecía la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque su opinión no tiene carácter vinculante.
Protección de las lenguas cooficiales
Por otro lado, se prevé que la mayoría de investidura, que incluye al PSOE, Sumar y Junts, vote a favor de garantizar la atención al cliente en las lenguas cooficiales en todo el territorio nacional, no limitándola únicamente a las comunidades con idioma propio, como planteó inicialmente el PP en el Senado.
Este acuerdo, acordado entre el Gobierno y Junts en septiembre, obliga a las empresas con más de 250 empleados, aquellas con una facturación superior a 50 millones de euros, o que operen en sectores considerados de interés general, a ofrecer atención en catalán, euskera o gallego, además del castellano, en cualquier lugar de España. El PP intentó restringir esta obligación territorialmente, pero según fuentes parlamentarias su propuesta será rechazada.
