Las lanchas rápidas equipadas con bidones de combustible para suministrar a las narcolanchas se han transformado en un reto significativo para las fuerzas de seguridad en la costa sur de España. Estas embarcaciones actúan como verdaderas estaciones de combustible móviles que aseguran la operatividad continua de las organizaciones dedicadas al narcotráfico marítimo.
La Guardia Civil enfrenta considerables obstáculos para detener esta práctica, que posibilita a las bandas criminales extender sus actividades sin necesidad de llegar a tierra. Aunque las fuerzas interceptan un mayor número de estas embarcaciones, la ausencia de una legislación específica sobre el transporte y el suministro de combustible en mar abierto crea un vacío normativo que limita sus opciones de intervención.
Desde el ámbito judicial expresan su impotencia: los magistrados señalan la carencia de un marco legal claro que tipifique estas conductas y permita aplicar sanciones contundentes a quienes participan en el abastecimiento de las narcolanchas. Entretanto, las organizaciones narcotraficantes continúan adaptando sus tácticas, aprovechando la indefinición normativa y las dificultades operativas de las autoridades.
Como consecuencia, se mantiene un constante enfrentamiento en el que la innovación del crimen organizado avanza con mayor rapidez que la capacidad estatal para legislar y actuar eficazmente.
