La reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reactivado el debate sobre el conflicto del Sáhara Occidental en España. Esta decisión, que apoya el plan de autonomía propuesto por Marruecos, ha provocado malestar en diversos sectores políticos, especialmente en Sumar y Podemos, que forman parte del gobierno de coalición.
Sumar ha destacado que el respeto a la autodeterminación del pueblo saharaui es fundamental para alcanzar una paz duradera en la zona. Aunque valoran de forma positiva la extensión por un año más del mandato de MINURSO, la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, rechazan la aceptación del plan marroquí como solución al conflicto.
El partido manifestó en sus redes sociales que, dada la historia colonial española, se debe adoptar una postura que defienda el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro. Añaden que respaldar la autonomía dentro de la soberanía marroquí omite los sufrimientos y derechos del pueblo saharaui reconocidos en las resoluciones de la ONU.
Por su parte, Podemos también ha expresado críticas. Irene Montero, eurodiputada del partido, solicitó al Consejo de Seguridad reconsiderar su resolución, acusando a la ONU de ceder a presiones externas, particularmente de Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo la estabilidad regional. Además, recordó que el derecho internacional avala la legitimidad de la lucha saharaui.
El cambio en la posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental no es reciente. En 2022, el Ejecutivo, que tradicionalmente había adoptado una postura neutral, decidió respaldar la propuesta marroquí, una decisión que causó rechazo dentro del gobierno y la oposición, y que dejó en duda la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación saharaui.
En marzo de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que esta nueva postura representaba la base más seria y realista para resolver el conflicto. Sin embargo, a medida que la ONU ha refrendado esta propuesta, la legitimidad jurídica y moral que ampara a los saharauis parece diluirse.
Este cambio también fue criticado por la oposición, especialmente por el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó esta modificación como un «volantazo» imprudente, implementado sin apoyo del Congreso. El PP ha promovido iniciativas para que el Gobierno retome una postura neutral respecto al conflicto.
En el contexto actual, pese a las resoluciones de la ONU, la situación en el Sáhara Occidental permanece en un delicado equilibrio, con la comunidad internacional observando atentamente los acontecimientos. Las tensiones relacionadas con este conflicto afectan no solo las relaciones internacionales españolas, sino también su política interna.
