Ceuta – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ha emitido dos sentencias que respaldan a la antigua academia ProCeuta —actual Instituto Internacional de Alta Formación— reconociendo la legitimidad de los diplomas otorgados por esta institución. Esta resolución se da en el contexto de la controversia generada por los cursos de formación que, según la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), habrían sido empleados por extranjeros para tramitar la residencia por arraigo de forma fraudulenta.
La sentencia representa un revés para la Delegación del Gobierno, la Oficina de Extranjería y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), organismos que desde hace varios meses han estado denegando renovaciones de residencia y revocando tarjetas al considerar que los cursos no contaban con la autorización pertinente.
En un caso reciente, el tribunal anuló la decisión administrativa y otorgó la residencia por arraigo para formación durante dos años a un estudiante marroquí que completó el curso de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales. El fallo señala que “la documentación presentada demuestra que la academia contaba con la debida autorización, por lo que el diploma constituye prueba suficiente de la superación satisfactoria del curso”.
Un conflicto que supera el año de duración
La investigación comenzó en abril cuando la UCRIF arrestó a varios empleados de la academia bajo la acusación de ofrecer cursos fraudulentos o sin autorización, los cuales eran utilizados por extranjeros, a cambio de pagos, para obtener la residencia.
Desde entonces, el asunto ha evolucionado en dos frentes: por un lado, la vía penal, donde los antiguos directivos enfrentan cargos por falsificación documental y organización criminal; por otro, la vía contencioso-administrativa, que ha acumulado sentencias favorables a la institución. Daniel López Ruiz, abogado defensor, espera que los cinco casos pendientes sigan la misma línea jurisprudencial.
Posibles compensaciones económicas
El reconocimiento judicial de la validez de los diplomas podría implicar responsabilidades económicas para la Administración. En caso de confirmarse las sentencias, el Estado podría tener que indemnizar a quienes hayan perdido su residencia, el derecho a trabajar o hayan sufrido daños económicos derivados de las resoluciones de denegación. López señala que “no se trata de determinar si hubo delito, sino de subsanar un error significativo”.
En determinadas situaciones, las decisiones de Extranjería impidieron incluso la entrada a España a los alumnos situados fuera del país, antes de que las negativas fueran definitivas y en ausencia de asistencia legal.
Enfrentamiento con el MEFP
La controversia también involucra a la delegación del Ministerio de Educación en Ceuta, cuyos representantes prestaron declaración en mayo debido a una querella interpuesta por el antiguo propietario de ProCeuta. Aunque la causa penal fue archivada provisionalmente, las recientes sentencias han motivado una solicitud para reabrir la investigación, anticipando nuevos desarrollos en este conflicto legal.
Hasta ahora, dos fallos judiciales han rechazado la afirmación oficial de que los cursos carecían de autorización, debilitando la postura administrativa y reabriendo un debate que integra elementos legales, administrativos y políticos sobre la gestión del arraigo para la formación en Ceuta.
