Los ocho integrantes de la mesa que adjudicó el contrato a la UTE formada por Acciona y Servinabar deberán rendir cuentas en el Parlamento navarro sobre el proceso de asignación del contrato de 76 millones.
Para el próximo mes de octubre, el Parlamento de Navarra ha organizado una comisión de investigación que abordará las supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos públicos realizados por el Gobierno foral. Esta iniciativa surge a raíz de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala una red de contrataciones sospechosas vinculadas al entorno del político socialista Santos Cerdán y su socio Koldo García.
Si bien se analizarán contratos correspondientes a las últimas cuatro legislaturas, la presidenta navarra, María Chivite, no deberá comparecer. Esto se debe a que el PSN-PSOE y sus aliados de Geroa Bai y EH Bildu usaron su mayoría parlamentaria para excluirla del listado de comparecientes.
El funcionario de más alto rango del actual Ejecutivo citado a declarar es el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta. Durante su gestión se licitó y adjudicó la reforma del túnel de Belate por un valor de 76 millones de euros, a una UTE compuesta por Acciona y Servinabar, empresa en la que Cerdán tiene participación. También ha sido convocado a declarar José María Entrecanales, presidente de Acciona.
El foco principal estará en los ocho miembros de la mesa de adjudicación, cuyo testimonio será esencial para esclarecer cómo el contrato fue asignado a la llamada «trama Koldo».
Entre ellos sobresale Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, acusado de favorecer con su evaluación a la UTE ganadora después de conocer las puntuaciones de sus colegas. Su permanencia en la mesa se hizo posible tras una modificación presupuestaria impulsada por la entonces consejera Elma Saiz —actual ministra de Seguridad Social— que impidió su jubilación tras superar los 70 años.
En contraposición, Lorenzo Serena, secretario de la mesa, junto a otros dos integrantes, presentó votos particulares señalando la ausencia de justificación técnica en la adjudicación. Estos tres funcionarios, calificados como «objetores internos», se manifestaron abiertamente en contra del fallo del concurso.
Aunque se revisarán adjudicaciones ocurridas durante los gobiernos de Yolanda Barcina, Uxue Barkos y la propia María Chivite, ninguna de estas ex presidentas será convocada a declarar. Tampoco lo hará Ramón Alzórriz, ex número dos del PSN, quien renunció recientemente luego de que se revelara que ocultó que su pareja trabajaba para Servinabar.
En contraste, sí figuran entre los convocados Santos Cerdán y Koldo García, considerados figuras centrales en la trama. Su citación fue solicitada por EH Bildu y no por el PSN.
La comisión anticipa confrontaciones entre técnicos y políticos, en un contexto de presuntas irregularidades que ya han provocado dimisiones y detenciones. El túnel de Belate, convertido en el punto clave del escándalo, podría revelar las debilidades de una red que durante años habría operado bajo una apariencia de legitimidad institucional.
