El magistrado Antonio del Moral, integrante del Tribunal Supremo que avaló la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos, ha sido objeto de discusión reciente. Se ha revelado que Del Moral compartió la dirección de la tesis doctoral del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, defensor de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en varios procesos legales. Esta circunstancia ha provocado dudas sobre la posible influencia entre juez y abogado y su impacto en la imparcialidad de los procedimientos implicados.
Rodríguez-Ramos presentó su tesis el 15 de octubre de 2024 en la Universidad Complutense de Madrid, coincidiendo con la aprobación de la Sala de lo Penal del Supremo para iniciar una causa contra García Ortiz. Su investigación, titulada «Identidad fundamental de la actuación empresarial punible», fue dirigida conjuntamente por Del Moral y Alfredo Liñán Lafuente, profesor titular de Derecho Penal en la UNED. En la sección de agradecimientos, el autor resaltó la guía experta y el apoyo de ambos directores durante su trabajo académico.
Con una trayectoria profesional de más de 20 años, Rodríguez-Ramos representa a González Amador en causas judiciales destacadas, entre ellas, acusaciones por fraude fiscal y corrupción en los negocios.
Este contexto ha generado un debate debido a la coincidencia de intereses en asuntos de relevancia política. La imparcialidad del tribunal ha sido cuestionada, en particular luego de que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, expresara dudas sobre la composición del órgano juzgador, señalando la participación previa de sus miembros en decisiones relevantes vinculadas al caso. No obstante, la Sala de lo Penal rechazó las solicitudes de recusación y prosiguió con el análisis.
La controversia ha aumentado al considerar que Del Moral también dirigió la tesis doctoral del abogado Álvaro Bernad Sánchez, quien representó a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en la acusación popular contra García Ortiz. A su vez, tres magistrados del tribunal que falló contra el ex fiscal participaron en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) poco tiempo después de emitida la sentencia, lo que alimenta cuestionamientos acerca de la objetividad del tribunal.
En este marco, hubo planteamientos para recusar a algunos magistrados, aunque estos fueron descartados. Mientras la normativa vigente especifica abstención ante vínculos familiares o personales, no contempla expresamente relaciones académicas como causa para la exclusión de jueces, lo que ha impulsado debates sobre la transparencia y la neutralidad en el proceso judicial.
