El Ejecutivo español ha protagonizado una nueva polémica tras hacerse público que en 2022 catalogó como “secreto” los documentos relacionados con la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la salvación de la aerolínea Plus Ultra, durante la crisis sanitaria del COVID‑19. Esta medida limitó el acceso de los parlamentarios a información sobre la presencia de Zapatero en reuniones vinculadas al rescate y el papel que desempeñó, lo que ha provocado un aumento de las críticas por parte de la oposición política.
Este asunto ha cobrado relevancia en el contexto de una investigación judicial activa sobre Plus Ultra, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil examinan un posible uso indebido de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea en 2021. Aunque inicialmente estos fondos se concedieron como un préstamo en el marco del apoyo a empresas estratégicas durante la pandemia, el proceso judicial se centra ahora en si esos recursos pudieron estar implicados en presuntas operaciones de blanqueo de dinero procedente de Venezuela.
La oposición intensifica su presión: el Partido Popular ha anunciado que llamará a Zapatero a declarar en la comisión de investigación del Senado, conocida como comisión Koldo, para que aclare su supuesta relación con el caso y las reuniones previas a la concesión de ayudas a Plus Ultra. Además, Vox ha presentado iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno información detallada, incluyendo peticiones de comparecencias sobre el acceso de Zapatero a instalaciones oficiales como el Monte de El Pardo, vinculado a encuentros con directivos de la aerolínea investigada.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha defendido públicamente la transparencia en la entrega de ayudas a Plus Ultra y otras similares durante la pandemia, subrayando que se otorgaron préstamos conforme a la normativa y a los criterios establecidos por el Tribunal de Cuentas, aunque reconoció no haber conversado directamente con Zapatero sobre este tema.
La pesquisa judicial continúa bajo secreto de sumario, con medidas cautelares para algunos de los ejecutivos arrestados, tales como la retirada de pasaportes y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión de los fondos públicos.