Facua-Consumidores en Acción ha alertado sobre lo que considera un posible “fraude masivo” facilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la venta de balizas de emergencia V-16. Según la organización, ciertas empresas promueven dispositivos señalados como “homologados por la DGT” sin precisar que carecen de conexión con Tráfico y que perderán validez a partir del 1 de enero de 2026. Por ello, han solicitado la implementación de un “protocolo de alerta pública” para informar de forma clara a los conductores sobre estas irregularidades.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha enfatizado que no es suficiente que los consumidores consulten la web de la DGT, y que la Administración debe intervenir ante el uso indebido de su logotipo. La organización sostiene que la venta de estas balizas sin información completa representa una práctica engañosa que podría justificar la reclamación del precio pagado por los usuarios afectados.
En respuesta, la DGT recordó que, aunque no apoyaba la comercialización de balizas sin conectividad, la Sala Tercera del Tribunal Supremo autorizó en 2021 el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026. Desde la entidad se ha recomendado a los consumidores verificar en la web oficial de la DGT si los dispositivos están vinculados al sistema, donde se publican listados y certificados de los modelos homologados.
Facua reprocha la “falta de acción” de Tráfico y la ausencia de comunicación directa a los conductores respecto a la obligación que entrará en vigor en enero. Sánchez destacó que, aunque los conductores deben conocer la regulación, quienes adquirieron balizas anunciadas de forma engañosa podrían solicitar responsabilidades a las empresas que las venden.
La organización señala que la falta de detalles sobre la conectividad de las balizas infringe diversas normativas, incluyendo el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, los artículos 20 y 60 de la Ley General para la defensa de los consumidores y el Real Decreto que regula estos dispositivos. Facua insta a los consumidores a presentar denuncias ante las autoridades de consumo autonómicas o el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y seguirá recopilando casos de información insuficiente o engañosa.
