Ceuta ha tomado una iniciativa formal para aliviar la saturación en sus instalaciones de acogida. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha pedido al Gobierno central que declare a la ciudad en situación de contingencia migratoria extraordinaria, un procedimiento que facilitará la transferencia de menores extranjeros no acompañados a otras regiones. Esta acción sigue la línea del Gobierno canario, que presentó una solicitud similar el pasado martes.
En la actualidad, los centros de Ceuta albergan a 520 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supera ampliamente la capacidad habitual de la ciudad, establecida en 27 plazas según los parámetros del Gobierno central. La reciente modificación de la Ley de Extranjería obliga a las comunidades autónomas a recibir a estos menores, y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que detalla la capacidad de acogida de cada autonomía y los compromisos a cumplir.
Este proceso ha provocado controversia política, ya que once comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que regula la distribución de menores. Según los populares, los criterios fijados perjudican a sus regiones, mientras eximen de responsabilidad a Cataluña y al País Vasco. Los ministros Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños advirtieron que cualquier incumplimiento de la normativa acarreará “consecuencias legales”, lo que generó críticas del PP por el uso de un lenguaje que califican de “amenazante y chantajista”.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha optado por una postura prudente y ha evitado hacer declaraciones públicas, prefiriendo esperar la evolución del mecanismo de reparto. Mientras tanto, responsables de la Administración General del Estado en Melilla han respaldado la iniciativa, subrayando que ninguna región debería asumir sola una presión migratoria que en ciertos momentos resulta insostenible.
