Think Tank Hispania 1188
Jesús María González Barceló, Presidente
La corrupción en el siglo XXI ya no se manifiesta a través de sobres o maletines. Actualmente adopta una apariencia institucional, se formaliza mediante la firma de subvenciones y se escuda tras ministerios y procedimientos legales rápidos. Se trata de una corrupción legitimada, protegida y justificada por discursos oficiales. El núcleo de este tipo de clientelismo se encuentra en el círculo cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ya no se puede atribuir a simples casualidades. Mientras que los medios alineados con el poder dedican extensas coberturas a las actividades privadas relacionadas con el entorno de Isabel Díaz Ayuso, quienes no ocupan cargos públicos ni gestionan fondos estatales, se emplean estrategias para evitar informar sobre los escándalos que afectan al círculo más próximo de Sánchez.
Begoña Gómez, esposa del presidente, está bajo investigación por posible tráfico de influencias, al utilizar su posición institucional para favorecer intereses empresariales específicos, algunos de los cuales han recibido posteriormente subvenciones públicas. Sin embargo, este asunto apenas ha tenido visibilidad en los informativos ni en las portadas, predominando un silencio deliberado.
David Aznar Gómez, hermano del presidente y funcionario en la Diputación de Badajoz, no ha estado sujeto a supervisión fiscal durante años a pesar de percibir un sueldo público. Esto plantea dudas sobre la transparencia de su nómina, la naturaleza exacta de sus funciones y la falta de mecanismos que garanticen claridad en una democracia que aspira a ser ejemplar.
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien correspondería velar por la legalidad de manera imparcial, se ha convertido en un soporte institucional para el Ejecutivo. Su intervención, especialmente en intentos de amparar judicialmente la ley de amnistía, lo posiciona más como una extensión del Consejo de Ministros que como un defensor autónomo del Estado de derecho.
A esto se suman decisiones complicadas de justificar, como la protección legal rápida otorgada a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, justo ante posibles investigaciones. También se ha visto el uso de recursos estatales para desacreditar sentencias judiciales, cuestionar la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) o criticar públicamente a jueces que no se ajustan a la línea oficial. Se configura así un escenario en el que la ley se adapta a las conveniencias del poder.
Este contexto transcurre con un Parlamento silenciado, una oposición fragmentada y una opinión pública cada vez más controlada.
Mientras tanto, Pedro Sánchez, quien promueve un discurso basado en el feminismo, la paz social y la regeneración democrática, estructura su poder sobre redes clientelares, mecanismos paralelos y un ecosistema mediático que, en lugar de funcionar como contrapoder, actúa como un canal de comunicación oficial del Gobierno.
La cuestión deja de ser si existe corrupción para centrarse en si esta se ha llegado a normalizar. Se acepta que el gobernante establezca normas a su medida: indulgentes consigo mismo e inflexibles con sus adversarios.
Mientras que Ayuso enfrenta persecución judicial y mediática por actividades privadas de su entorno, Sánchez utiliza todo el aparato estatal para proteger a su núcleo familiar en la esfera pública, donde se toman decisiones que impactan en millones de ciudadanos y en miles de millones de euros.
Esto no es simplemente política; es la apropiación del Estado por una élite que ha difuminado la frontera entre institución y partido, gobierno y familia. Una captura silenciosa del sistema democrático desde dentro.
Si desde espacios como el nuestro no se levanta la voz, la erosión del Estado de derecho será irreversible.
No se trata solo de Pedro Sánchez sino del modelo que establece, de las prácticas que instala y del costo que todos asumiremos si permitimos que el poder se distribuya, herede y proteja entre amigos, familiares y fiscales dependientes.
En este contexto, resistir deja de ser una opción para convertirse en una obligación ética.
O de lo contrario, todos terminaremos siendo parte de un grupo reducido y cerril: Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.
