La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció una rueda de prensa a las 12:30 tras la decisión del Tribunal Supremo de sancionar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por divulgar información personal relacionada con su pareja, Alberto González Amador.
Este caso sin precedentes ha resultado en la inhabilitación de García Ortiz por dos años y una multa de 7.200 euros por filtrar un correo electrónico que contenía confesiones de González Amador sobre presuntos delitos fiscales.
Fuentes cercanas a Ayuso califican la resolución como un avance para la democracia en España, destacando que un ciudadano logró proteger su privacidad frente al sistema estatal, reforzando así la importancia de salvaguardar datos personales.
Durante su intervención, Ayuso enfatizó: «Este momento es fundamental para la justicia en nuestro país. No se puede permitir que se vulneren los derechos de una persona debido a sus relaciones personales o afectivas».
La sanción al fiscal ha generado un debate relevante sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio público. Se considera que esta medida podría establecer un precedente en casos futuros de gestión inapropiada de información sensible.
Ayuso subrayó también la necesidad de mantener la confianza ciudadana en las instituciones y el sistema judicial. «Es esencial que todos nos sintamos protegidos en nuestras relaciones personales sin temor a que se utilicen datos en nuestra contra», afirmó.
Además, fuentes próximas a la presidenta indicaron que esta sentencia debería impulsar un reforzamiento de las garantías legales en España, proponiendo que la divulgación no autorizada de datos personales se trate como un delito grave para evitar episodios similares.
Para concluir, Ayuso hizo un llamado a la vigilancia activa de la ciudadanía para exigir responsabilidad a quienes ostentan cargos públicos. «La fortaleza de nuestra democracia depende del compromiso y control de todos», manifestó.
