El proceso judicial conocido como caso Koldo, en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, avanza con la proximidad del inicio del juicio oral. A pesar de las apelaciones presentadas por ambos para impugnar su procesamiento, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha ratificado dichas medidas, basándose en las pruebas que sustentan las imputaciones en su contra.
El juez Leopoldo Puente, responsable de la investigación, señaló que las probabilidades de que las defensas logren desmontar las acusaciones son reducidas. Esta consideración fue reiterada el miércoles pasado, subrayando que prolongar la instrucción no resulta conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que algunos acusados permanecen en prisión preventiva.
La confirmación del procesamiento implica que la etapa siguiente será la apertura del juicio oral. El Tribunal Supremo ha precisado que la decisión de la Sala de Apelaciones es definitiva y no admite recurso, lo que facilita el cumplimiento de los plazos procesales.
En esta fase, el juez Puente emitirá una resolución para establecer la fecha del juicio, donde se investigarán graves cargos como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Esto implica la convocatoria de sesiones con testigos y peritos.
El procesamiento tiene también implicaciones para Ábalos en su función como diputado. Aunque el exministro no ha renunciado a su escaño y ha continuado sus trabajos en el Congreso, lo que le mantiene con aforamiento, esto obligó al juez del Supremo a pedir un suplicatorio para continuar con el trámite legal contra él.
Recientemente, la Cámara baja ha abordado la situación de Ábalos tras su procesamiento. Conforme al reglamento, los legisladores con un auto de procesamiento firme y en prisión preventiva deben ser suspendidos en sus derechos y obligaciones, pese a que el exministro intentó conservar su derecho de voto de forma telemática, alegando que sus derechos estaban preservados.
Aun así, el Congreso resolvió suspender sus derechos y sueldo, sin afectar su acta de diputado. Esta situación podría modificar las frágiles mayorías parlamentarias, aunque se asegura que la composición actual en número de diputados y mayorías absolutas permanecerá intacta.
En cuanto a las imputaciones, se sostiene que Ábalos y García, junto con el empresario Víctor de Aldama, estuvieron involucrados en la manipulación de contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, a cambio de comisiones ilegales. Las posibles penas son severas, llegando hasta 30 años para Ábalos y su asesor, y hasta 7 años para Aldama.
