El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) está siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, motivada por serias acusaciones de corrupción realizadas por un antiguo alto cargo del organismo. La denuncia, presentada en junio de 2025, expone una supuesta red de empresas relacionadas con el exgerente Juan Arroyo, que supuestamente habría desviado entre 20 y 25 millones de euros destinados a la investigación oncológica. Esta pesquisa ha originado una nueva crisis dentro del CNIO, tras la publicación de un informe detallado de 120 páginas al que tuvo acceso elDiario.es.
Acusaciones sobre contratos manipulados y empresas relacionadas
Según el informe, excolaboradores del CNIO habrían llevado a cabo operaciones ilícitas, inflando los precios de varios contratos administrativos, logísticos e informáticos hasta en un 400%. Estas denuncias amplían las críticas ya expresadas por Maria Blasco, directora científica del CNIO, y Ana Hernández, ex presidenta del comité de empresa, quienes identificaron irregularidades en la gestión de Arroyo. La denuncia proviene de un antiguo colaborador cercano a Arroyo y proporciona nuevos datos sobre la presunta manipulación de contratos, con la complicidad de empresas con vínculos entre ellas.
Consecuencias internas y destitución de Arroyo
Las denuncias han tenido un impacto inmediato en la institución. El Patronato aprobó el pasado martes la destitución de Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, puesto que mantenía a pesar de haber sido cesado como gerente en enero de 2025. Además, se prevé la salida de otros dos altos cargos cercanos a Arroyo: la secretaria general y el adjunto a la gerencia.
El CNIO se enfrenta ahora a una crisis de gobernanza y transparencia. Maria Blasco había alertado a la Fiscalía sobre la existencia de varios contratos menores asociados a un grupo de empresas con administradores comunes, por un total superior a 1,5 millones de euros durante el primer trimestre de 2024. Estas situaciones generaron sospechas sobre posible ilegalidad, pero tanto el Patronato como el Ministerio de Ciencia no actuaron hasta que la denuncia se hizo pública.
Intervención y críticas al Ministerio de Ciencia
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, bajo la dirección de la ministra Diana Morant, fue informado de estas irregularidades meses antes de que trascendieran a los medios, sin adoptar medidas relevantes hasta ese momento. Esta falta de reacción ha sido objeto de críticas, ya que se considera que las autoridades podrían haber actuado con mayor prontitud para evitar daños reputacionales y proteger los fondos públicos destinados a la ciencia.
La apertura formal de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción representa un avance significativo para esclarecer las posibles irregularidades y establecer responsabilidades. Este caso cuestiona no solo la administración interna del CNIO, sino también la eficacia de los mecanismos de supervisión en la gestión pública de la investigación científica en España.
Las consecuencias políticas y administrativas podrían ser relevantes, dado el impacto de estas acusaciones en una institución científica de referencia en la investigación y tratamiento del cáncer. El desarrollo de la crisis dependerá de los hallazgos de la investigación y de las medidas implementadas para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a la investigación.
