Este miércoles, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presenta ante el Tribunal Supremo en el juicio que enfrenta por la supuesta revelación de secretos vinculada al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Con el propósito de defender su inocencia, García Ortiz ya había señalado en la sesión inicial del tribunal que no se le puede considerar culpable de las imputaciones presentadas en su contra.
Hasta el momento, la única intervención directa del fiscal en el proceso ocurrió el 3 de noviembre, cuando el presidente del tribunal le preguntó: «¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?», a lo que respondió de forma clara: «No».
Durante la investigación preliminar, el fiscal afirmó ante el magistrado instructor Ángel Hurtado que no proporcionó, ni divulgó información relacionada con el caso de González Amador, que incluye una denuncia de Fiscalía y correos electrónicos implicados en la causa.
Asimismo, García Ortiz reconoció que eliminaba «de manera regular» todo el contenido de su teléfono móvil, pues este contiene datos que él categorizó como «ultrasensibles».
En la jornada de su declaración, está prevista la intervención de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes registraron su despacho y elaboraron un informe crucial para el expediente.
Un punto destacado del juicio es que al fiscal general se le solicitan penas de seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros, debido a una supuesta filtración a la Cadena SER el 13 de marzo de 2024. La información divulgada hacía referencia a un correo remitido por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que se reconocían dos delitos fiscales por parte de su cliente.
A pesar de las imputaciones, García Ortiz se ha defendido contando con el apoyo de varios testigos, entre ellos periodistas. Doce profesionales de medios de comunicación han declarado en este proceso, señalando que conocían la confesión de González Amador antes que el propio fiscal general.
Por ejemplo, Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, aseguró que horas antes de que el fiscal intentara obtener la información, ellos ya estaban informados sobre los delitos fiscales admitidos por González Amador.
Ante las preguntas sobre las acusaciones, tanto Campos como otros periodistas confirmaron que Álvaro García Ortiz no fue la fuente que les facilitó dichos datos. Muchos optaron por proteger la fuente original de la información, apelando a su derecho al «secreto profesional».
