Álvaro García Ortiz ocupa el cargo de Fiscal General del Estado desde agosto de 2022, tras ser propuesto por el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Su extensa experiencia en el ámbito judicial lo ha consolidado como una figura clave al mando de la Fiscalía General. No obstante, su gestión ha sido afectada recientemente por una condena derivada de un caso de revelación de secretos que ha marcado un precedente en su trayectoria.
¿Quién es Álvaro García Ortiz?
Nacido en Lumbrales, Salamanca, el 16 de diciembre de 1976, García Ortiz comenzó su carrera como fiscal en 1998, tras obtener su licenciatura en Derecho en la Universidad de Valladolid. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diferentes fiscalías, incluyendo las ubicadas en Menorca y Santiago de Compostela, mostrando especial atención en asuntos relacionados con el medio ambiente. Fue ascendiendo dentro del Ministerio Fiscal hasta alcanzar la posición de fiscal de Sala en 2020 y, finalmente, en 2022, fue nombrado Fiscal General del Estado tras la salida de Dolores Delgado.
Gracias a su experiencia, también ocupó cargos relevantes en el Ministerio Fiscal, incluyendo el puesto de Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica antes de asumir la dirección máxima de la institución.
Remuneración de García Ortiz
El Fiscal General del Estado percibe un salario considerable en comparación con otros altos cargos públicos. En el caso de Álvaro García Ortiz, su sueldo anual alcanza los 132.235,68 euros, equivalentes a 11.019,64 euros mensuales. Esta cifra supera más de diez veces el salario mínimo interprofesional vigente en España y es superior a la remuneración anual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recibe más de 90.000 euros.
Procedimiento para el nombramiento del Fiscal General del Estado
El Fiscal General del Estado es designado por el Rey Felipe VI a propuesta del Gobierno, luego de obtener el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la valoración favorable de la comisión pertinente del Congreso de los Diputados. Este nombramiento tiene una duración estipulada de cuatro años, aunque puede suspenderse anticipadamente bajo determinadas circunstancias, como la situación actual de Álvaro García Ortiz, quien enfrenta la posibilidad de ser cesado tras su condena dictada por el Tribunal Supremo.
Condena que afecta su gestión
El Tribunal Supremo impuso a Álvaro García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Dicho delito está vinculado a la filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por fraude fiscal. La sentencia también establece una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador por los daños morales ocasionados por dicha filtración.
Esta resolución ha generado un impacto significativo en la Fiscalía General y ha motivado un intenso debate sobre la independencia judicial en España, ya que representa la primera ocasión en la que un Fiscal General recibe una condena por este tipo de hechos.
Próximos pasos para García Ortiz
A pesar de la condena, García Ortiz continúa en su cargo como Fiscal General del Estado, defendiendo que su permanencia contribuye a la independencia de la Fiscalía. Sin embargo, considerando el efecto de la sentencia y las presiones políticas existentes, no se descarta que el Gobierno tome medidas para su sustitución en los próximos meses.
